Uniformizan criterios de sanción contra abogados en Perú a nivel nacional

Los abogados peruanos ya no podrán eludir responsabilidades

Con nuevo registro, además, informarán sobre los letrados castigados a nivel nacional

Las malas prácticas de los abogados serán sancionadas efectivamente al uniformizarse los regímenes deontológicos de los 29 colegios del país, anunció el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Chanamé Orbe, quien, desde hace seis semanas, se encuentra al frente de esta importante Orden.

Informó, además, que trabajan con el Poder Judicial y el Banco Mundial un proyecto para crear por primera vez un registro único de abogados a escala nacional donde figure si este está habilitado o no y, paralelamente, contar con otro que consigne las sanciones de los profesionales de las leyes.

¿Qué medidas de control se han adoptado contra las malas prácticas profesionales en el ámbito institucional?

–La primera de ellas ha sido reunir a los 29 decanos de los colegios de abogados de todo el país, con quienes hemos acordado uniformizar nuestros sistemas deontológicos, porque cada gremio tenía su propio Código de Ética, de tal manera que lo que era sancionado en Lima posiblemente resultaba permisivo en Cajamarca o no lo contemplaban en Loreto, dificultando la imposición de sanciones efectivas contra el mal ejercicio profesional. Así, se identificó que algunos abogados que habían sido sancionados y suspendidos en el ejercicio profesional en Lima, simplemente iban a otros colegios y como no es cautiva la profesión- repetían sus malas prácticas. Hemos tenido algunos casos recurrentes de colegas que habían sido sancionados en Lima, pero que, luego, se fueron a ejercer a otras ciudades buscando liberarse de responsabilidades.

¿Cuáles serán las innovaciones de esta nueva normatividad asumida por los 29 colegios?

–Establecen un Código Único Deontológico que comprometerá a los 90 mil abogados del Perú, lo cual es un logro muy importante para afirmar la normatividad. Luego, es la adopción de plazos predecibles y la doble instancia para hacerlo más ágil y evitar todo pretexto de vulneración del derecho a la defensa, pues antes existían gremios que regulan solo una instancia e, incluso, habrá una tercera que son los tribunales de honor (compuestos por exdecanos), de tal manera que se darán todas las garantías para que un abogado sea debidamente investigado, procesado y, eventualmente, sancionado.

Con estas medidas, ¿se garantiza una sanción efectiva?

–Por supuesto, se han establecido escalas de sanción, porque muchas veces esta era demasiada benevolente y no se establecían pautas únicas. Hemos fijado medidas que van desde la suspensión hasta la expulsión definitiva. En este tema se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al señalar que las sanciones tienen que ir en gradación (de menos a más). Tiene que haber amonestaciones, llamadas de atención  para, luego, ir a la suspensión y ulteriormente llegar a la medida máxima de la expulsión de la Orden, pues el objetivo es garantizar que los abogados cuenten con sanciones predecibles y que vayan en gradación.

¿Aumentaron las denuncias contra los malos abogados?

–Estadísticamente, aumentaron. ¿Por qué?, pues antes no se conocía que había una instancia para denunciar y muchas personas no recurrían a ella, ahora sí. Tenemos información que durante 2011 se presentaron ante nuestra institución más de 300 procesos disciplinarios.

¿Qué acciones concretas se están haciendo para revertir esta situación que afecta también al sistema de justicia en el país?

–En este momento venimos trabajando un convenio con el Poder Judicial y el Banco Mundial para establecer un registro único de abogados en el ámbito nacional, donde figure si está habilitado o no, que estará accesible al justiciable sin costo alguno. Actualmente, es frecuente que muchos abogados inhabilitados sigan ejerciendo el derecho perjudicando únicamente a sus patrocinados, quienes hasta podrían perder sus procesos. Por ello, se ha advertido la necesidad de contar, por primera vez, con dicha nómina de manera urgente, pues no solo mejorará la imagen de los abogados sino, también, permitirá mejorar la celeridad en la resolución de los expedientes ante la judicatura peruana.

Por una justicia para todos

¿Cómo se plantea el tema de la inclusión social en el CAL?

–Para nosotros es un tema importantísimo. Muchas de las injusticias que se cometen en nuestra sociedad se dan porque no hay canales para recomponer y hacer justicia, y la administración de justicia aparece como factor para aquel que tiene recursos para contar con asesoramiento, y eso no es el principio constitucional. Por eso,  nosotros nos planteamos el tema de la justicia social o de la asesoría legal pertinente y, de ser posible, gratuita para los peruanos. Nuestra propuesta es la implementación de nuevos servicios, como clínicas jurídicas a fin de orientar legalmente en aquellos pueblos jóvenes y  zonas de pobreza, lo cual incluso ayudará a revertir la imagen negativa que la población tiene de nuestra profesión. El Colegio lo puede hacer y lo va hacer. Pero el tema va más allá y debe ser una política de Estado.

Poder Judicial y el Banco Mundial apoyan registro

¿Al igual que la implementación de un registro de abogados hábiles, también será necesario el de abogados sancionados?

–Exacto, tras lo primero, lo siguiente que debe acarrear es la consecuencia: un registro de abogados sancionados en el ámbito nacional. Porque si tú eres castigado hoy en día en Ayacucho nadie se entera y este mal abogado simplemente se traslada a otra región y puede seguir con sus malas prácticas. Entonces, ¿a quién  perjudicamos? Al justiciable, quien carece de mecanismos de control efectivo. Lo que existe es el carné, pero no un registro único de abogados hábiles ni de sancionados.

¿Cuándo se concretará este proyecto?

–El Banco Mundial nos ha ofrecido que este año se concretaría el  primer proyecto y, a su vez, la Junta de Decanos acordó que se establezca en este registro la información sobre abogados sancionados, de tal manera que la sociedad se sienta mejor protegida, y esto no solo es para la abogacía sino para cualquier profesión, necesitamos que el Estado dé garantías para el funcionamiento idóneo del sistema.

Fuente: El Peruano