Ministra de Justicia anunció dicha iniciativa legislativa que será presentado al Congreso para su aprobación
El Consejo de Ministros aprobó un proyecto que penaliza los actos de ingreso o intentos de ingreso de medios o elementos de comunicación a los penales, y asimismo cuando en el interior de estos centros se sabotea los sistemas de seguridad contra las comunicaciones, anunció la ministra de Justicia, Rosario Fernández, en su visita al Establecimiento Penitenciario de Huánuco.
Sostuvo que muchas veces la visita del interno ingresa celulares, filamentos de cobre y demás adimentos al penal para provocar y hacer posible la comunicación por celular de los internos que está prohibido.
Indicó que hasta la fecha, lamentablemente en lo que se refiere a los internos, a los agentes penitenciarios, y policía, los mencionados actos eran considerados solo faltas administrativas, sin embargo -agregó- que a partir de este proyecto se convertirá en un delito.
“Y si la persona que ingresa o intenta ingresar un celular o además sabotea o ayuda a sabotear los sistemas de seguridad, es un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) o policía tiene un agregado a la pena”, dijo.
Explicó que dicho delito tendrá gradualidades, entre 3 a 6 años, 6 a 8 años y de 8 a 12 años, y las personas civiles que ingresen o intenten ingresar dichos elementos de comunicación o sabotea los sistemas de seguridad también tendrán dicha responsabilidad penal.
Informó que los internos que tengan este tipo comportamiento no podrán acceder a los beneficios penitenciarios ni postular a una conmutación de pena.
“Yo como ministra no lo voy a calificar positivamente, aquí hay que hacer una cadena de responsabilidades”, señalo la ministra Fernández tras mencionar que la responsabilidad caerá sobre el interno quien hizo el acto, como también de aquel que ayuda desde la calle a cometer dicho acto delictivo.
Finalmente lanzó una reflexión a los funcionarios y servidores de seguridad del Inpe y a la Policía, quienes tienen una misión importante en colaborar con la seguridad ciudadana.
“Sí ellos no tienen la responsabilidad de comportarse como tales deberían abandonar los puestos y si cometen dichos delitos tiene que asumir las consecuencias”, afirmó.
Fuente: MinJus
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